Llegamos a ustedes gracias a:



Reportajes y análisis

Gobierno electrónico y transparencia

[22/06/2010] No cabe duda que el país ha avanzado en el campo del gobierno electrónico. Desde aquellos primeros días en los que algunas páginas web pioneras se aventuraron a contarle a la ciudadanía lo que hacían algunas entidades estatales, hemos transcurrido hasta un tiempo en el cual podemos presentar nuestra declaración de impuestos sin tener siquiera que acercarnos a una oficina de la Sunat.

Sin embargo, el avance es relativo. Solo comparándonos con nuestros vecinos del exterior podremos darnos cuenta efectivamente de cuánto hemos progresado.
Y al hacerlo podemos percibir que no estamos mal, que en el conjunto de los países de la región el Perú se encuentra adecuadamente posicionado; pero que para seguir desarrollándose en este campo, debe ya incorporar algunos otros conceptos. Quizás el más importante es el de la transparencia. El gobierno electrónico no solo facilita los trámites a los ciudadanos sino que permite que éstos se conviertan en supervisores de la acción del estado. La transparencia rompe con el secretismo que aún impera en algunos estamentos de la burocracia y quizás por ello puede enfrentar resistencia; pero es necesaria.
De esto precisamente trató la más reciente reunión que organizó la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) del país. La ONGEI invitó a una serie de expertos para que relataran su experiencia internacional, y también compartió lo que se viene haciendo hasta el momento en el Perú. Parte de lo que en esa reunión se discutió es lo que compartimos a continuación.
La experiencia chilena
El primero de los expositores fue Juan Pablo Olmedo, miembro del Consejo para la Transparencia de Chile, quien presentó el tema El gobierno electrónico como herramienta de transparencia en Chile, en el cual relató su experiencia en el vecino país del sur.
El año pasado en Chile se implementó una ley de transparencia y acceso a la información, que también creo un órgano de control: el Consejo de la Transparencia. Éste es un órgano del estado de Chile con autonomía y que tiene como mandato fiscalizar al poder ejecutivo en dos líneas temáticas: el principio de la transparencia y el respeto al derecho del acceso a la información pública.
El Consejo está integrado por cuatro miembros que son elegidos por nominación de la Presidencia de la República y con la ratificación de dos tercios del Senado, condición que los blinda políticamente y les da la seguridad de tomar decisiones en ocasiones en contra de la política del Estado.
Cuando se habla del gobierno electrónico se habla mucho del ciudadano como usuario y estamos entendiendo al gobierno electrónico como facilitador de un intercambio entre el Estado y el ciudadano, en temas como las compras públicas y similares. Pero nosotros estamos en una esfera distinta que es la del control y la fiscalización, estamos viendo al ciudadano como una persona que ejerce control y exige cuentas de la administración del Estado, sostuvo Olmedo.
Sin embargo, como señaló el expositor, que el Estado se someta a ese control y que cree una agencia para ello, es algo extraño. Generalmente, son las contralorías las que han ejercido esa función pero, como resaltó Olmedo, ellas siempre han trabajado sobre el principio de la legalidad. Verificar que un pago haya sido bien hecho no significa que ese pago haya tenido que hacerse. Y lo que hace la transparencia es la crítica a porqué se hizo ese pago, agregó.
El Consejo tiene una función fiscalizadora. La ley chilena obliga a la administración del Estado a subir mucha información que tiene que estar permanente a disposición del publico a través de los sitios web. Esta información va desde contrataciones públicas hasta contratos que tienen efectos sobre terceros o sueldos. En realidad, debido a la amplitud de lo que puede o no ser objeto de transparencia, parte de la labor del Consejo es una labor interpretativa que vaya ampliando más aún las obligaciones de transparencia.
Luego de un año de implementación del Consejo los miembros han llegado a la conclusión de que mientras más información haya en un sitio web y más fácil sea entenderla, más accesible es el Estado para los ciudadanos.
El Consejo también tiene una facultad de resolución de casos. Esos casos son de ciudadanos que hacen ejercicio de su derecho a la información ante cualquier entidad de la administración central o municipal y que no han sido atendidos. El reclamo ante el consejo es gratuito y no es necesario contratar un abogado.
El Consejo tiene además facultades de promoción, capacitación, difusión e información, y facultades normativas con las cuales se generan instrucciones obligatorias para toda la administración del Estado.
Además, -y esta es una característica muy importante- tiene facultades sancionadoras. Con ellas establecen sanciones individuales, básicamente al jefe del servicio que no cumpla con alguna de las resoluciones del Consejo. El funcionario puede ser sancionado hasta con la mitad de su sueldo. Les aseguro que la sanción personal al sueldo del funcionario es tremendamente efectiva, resaltó Olmedo.
Olmedo, luego del asentimiento generalizado de la sala ante la eficacia de la ley chilena, pasó a compartir algunos de los desafíos que en la actualidad enfrenta el Consejo.
Uno de ellos es el hecho de que para este ente es imprescindible tener información fidedigna de la administración del Estado. Pero el problema es que quien tiene que proporcionar la información es la propia administración del Estado; entonces, el primer gran desafío que tiene el Consejo es, a nivel tecnológico, generar plataformas homologables dentro de toda la administración del Estado, que permita un flujo de la información desde el Estado hacia el Consejo. El desafío es mayor si se toma en cuenta que los gobiernos locales de Chile tienen la suficiente autonomía para no seguir los lineamientos informáticos del Estado.
Sin embargo, Olmedo resaltó que el problema tecnológico es salvable, no así el tema político. Algunas autoridades pueden saber que sus oficinas están funcionando de una manera no adecuada y entregar esa información es un problema. Ahí hay un tema de trabajo público. Aquí hablamos de mucho proyecto tecnológico pero olvidamos que si no hay voluntad política de avanzar, todo queda ahí, señaló el expositor.
Golpear al Estado puede producir anticuerpos en la administración pública por lo que es mejor plantear una estrategia conjunta de largo plazo educando, formando y generando institucionalidad. Esa es la apuesta que está tomando Chile al crear este órgano autónomo, enfatizó Olmedo, concluyendo su exposición.
Es bueno señalar aquí que, al preguntarle a Hilda Rojas, secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, si el Perú tenía algún ente con similares capacidades sancionadoras al chileno -que sancione a los funcionarios que no cumplen con hacer pública la información que la ley les señala- la respuesta fue negativa.
América Latina
El caso más general fue el presentando por Hernán Moreno, funcionario de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la Organización de las Naciones Unidas. Moreno se enfocó en los sistemas de compras y adquisiciones que se han desarrollado en la región y en el papel que el gobierno electrónico ha tenido en este campo.
La razón para invitarlo es que precisamente Moreno, en la Cepal, está realizando un estudio sobre las compras públicas y contratación pública en los países de la región y de los sistemas que manejan estos contratos de bienes y servicios.
Se analizaron casi todos los países de la región. Y lo primero fue definir qué se entiende por madurez. Se planteó una manera de ver esta evolución, distinta a la tradicional forma de ver la evolución de los sistemas electrónicos, en donde se ve el desarrollo muy pegado a la tecnología y en donde se habla de interacción en una sola vía, información de dos vías, y de términos similares.
Nosotros hemos querido dar una visión más global de la situación de la sociedad. Personalmente propuse una manera de ver esta evolución y utilicé una palabra que es despectiva en América Latina que es burocracia; que es la administración pública hecha por personas que trabajan en un escritorio, en una oficina, y que no ha cambiado en muchos años, sostuvo Moreno.
Así, el representante de la Cepal señala como Burocracia al primer nivel de los tres que ha asignado para la evolución del uso de las TIC en la administración pública. El segundo nivel del esquema de Moreno es el de la Burocracia e Informática, en donde se logra eficacia (hacer lo que le exige la ley, y nada más) y eficiencia (más rápido y con menos costo) -en el nivel anterior solo se lograba la eficacia-; mientras que un tercer nivel corresponde a la Burocracia, Informática e Interoperabilidad, en donde además de la eficacia y la eficiencia se logra obtener democracia.
En el primer nivel se puede apreciar a la clásica administración pública de oficinas llenas de papeles, sellos y documentos, con personas formando largas filas para entregar más documentos o acopiar sellos en sus papeles.
En el segundo nivel, las computadoras se hacen presentes en la administración pública. La burocracia es más ordenada pero siguen habiendo largas filas de ciudadanos esperando realizar algún trámite. Mientras, en la tercera etapa, el ciudadano puede realizar el trámite desde cualquier sitio con una computadora, sin filas, desde casa, con ventanillas que no son sino una versión simplificada de lo que podría encontrar en la PC de su propia casa.
Moreno también señala que un buen uso del gobierno electrónico implica la atención a ciertos principios.
El primero de ellos es que el gobierno se encuentre fácilmente al alcance de todos, desde cualquier parte. Es decir, poder realizar las transacciones que solicita el gobierno desde cualquier parte.
El segundo principio es no pedir al ciudadano información que ya se encuentra en los registros del gobierno. Eso acabaría con los trámites entre agencias, que exigen al ciudadano que para cualquier trámite presente certificados en otras agencias del gobierno.
Otro principio es el de la calidad de servicios homogénea entre agencias del gobierno. El nivel de servicios tiene que ser igual, lamentablemente los servicios que siempre se encuentran a la vanguardia en el uso de las tecnologías son los de recaudación de impuestos, mientras que aquellos de salud y educación son relegados.
El último principio, pero no por ello el menos importante, es la democracia. Debe haber participación, transparencia y rendición de cuentas.
En base a estos tres niveles es que se evaluaron los sistemas de contrataciones públicas, y se estableció en qué niveles se encontraban las diferentes acciones de los Estados de la región.
Las consultas de convocatorias, los registros de ponentes, la recepción de ofertas, el envío de información automatizada sobre convocatorias, los sistemas de catálogos para compras en línea, y los pagos a proveedores, son actividades que aún se encuentran en el primer nivel en algunos países, pero que también se encuentran en el segundo nivel en otros.
En el segundo nivel también se pueden encontrar otras actividades como la realización de trámites presupuestales desde el sistema, la eliminación de soportes de papel y certificaciones de los expedientes, y la notificación electrónica.
Con esta información y estos niveles, Moreno realizó una catalogación del nivel de evolución que presentan los diferentes países estudiados, y dentro de la región sudamericana el Perú se encuentra tercero, luego de Brasil y Chile. El primero de ellos es el único país que muestra un grado avanzado del tercer nivel, mientras que el segundo se encuentra en la frontera entre el segundo y el tercer nivel. Perú se encuentra a la mitad del grado avanzado del segundo nivel, superando a Ecuador, Argentina y Colombia.
Sobre cualquier problema de la administración pública la visión debe ser la misma: tenemos que ver el problema desde el punto de vista de cómo se gobierna el problema, es decir, quién toma las decisiones. El otro gran tema es determinar cuáles son los problemas técnicos, los problemas organizacionales (quién es el dueño de la información, cuáles son las jerarquías, etc.), y cuando vayamos a medir los indicadores nos deben decir cuál es la eficacia, la eficiencia, y finalmente la democracia; es decir, si todos tienen la misma oportunidad. Eso es la democracia, finalizó Moreno.
El caso peruano
Jaime Honores, jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, fue el siguiente expositor. Básicamente Honores se centró en explicar a los invitados internacionales lo que la ONGEI ha logrado hasta el momento y los proyectos que tiene en cartera.
Para nosotros el gobierno electrónico es el uso de la tecnología de la información y comunicaciones para mejorar los servicios y brindar información a los ciudadanos, incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, incrementar la transparencia del sector público, así como la participación ciudadana, sostuvo el jefe del organismo público.
El liderazgo político es uno de los factores críticos de éxito que Honores señaló para el gobierno electrónico, ya que sin él poco se puede hacer; también se requiere de recursos, tanto humanos como financieros; se debe tener también un sector de telecomunicaciones competitivo, y se debe apuntar a tener proyectos emblemáticos de gran impacto en el corto plazo, para que el ciudadano perciba los beneficios de la tecnología. La sensibilización de las autoridades también es fundamental.
Honores también señaló que la evolución del gobierno electrónico en el Perú ha pasado por cinco etapas. En la primera de ellas, llamada Incipiente, los gobiernos regionales y locales simplemente proveían algún tipo de información limitada. En la segunda, llamada de Desarrollo, los gobiernos locales, regionales y nacional, el Estado realizaba la actualización y regulación de los contenidos e información que manejaba.
Ya en una tercera etapa, de Interacción, se producen comunicaciones vía correo electrónico, y provisión de documentos a solicitud, en ministerios y OPD; mientras que en una cuarta etapa, de Transacciones, organismos como la Sunat, el SAT y el Banco de la Nación, y otros, realizan emisiones de visas, pasaportes, certificados de nacimiento y defunción en línea; también se aprecia en este nivel el inicio de los pagos en línea.
La quinta etapa, en la que nos encontramos en la actualidad, es la de los Procesos Integrados, en donde se realiza la integración de los servicios en línea, cuyo mayor logro, hasta el momento, es la constitución de empresas en 72 horas.
Sin embargo, estos no son los únicos logros mostrados por Honores. El jefe de la ONGEI se mostró entusiasmado por los logros alcanzados con los gobiernos locales y su integración dentro del gobierno electrónico. El reto en el caso de estas instituciones fue la creación de su presencia digital.
Muchos municipios no tenían el personal adecuado ni la experiencia necesaria para crear un sitio web y mostrar ahí su información; la ONGEI resolvió este desafío ofreciendo la creación del sitio web mediante plantillas, el alojamiento gratuito, el dominio gratis por un año y la implementación de interfases automáticas de actualización, además de la capacitación al personal del municipio y la inclusión de su sitio dentro del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE). Hasta el momento son 293 municipalidades las que han adoptado estas facilidades.
La constitución en línea de empresas es también otro de los logros que mostró el jefe de la ONGEI. Hasta el momento se han constituido casi cinco mil empresas en Lima y Callao, gracias a la integración de las notarías de estas jurisdicciones. El resultado ha animado a que otras notarías, además de las 39 con las que se inició el proyecto, deseen ser parte del programa. Además, la cobertura se está ampliando a las regiones de Lambayeque y San Martín, además de Ica, Amazonas y Cajamarca.
La presencia de la propia ONGEI en las redes sociales fue otro punto resaltado por Honores. Señaló, asimismo, que incluso la propia Presidencia de la República cuenta con presencia en estos nuevos ámbitos de comunicación.
Los logros en la detección de personas con más de una identidad en Reniec, las facilidades en los registros públicos, e incluso las plataformas virtuales multiservicios (un terminal para que el ciudadano pueda realizar trámites en Reniec) fueron otros de los temas tocados.
Fue una mañana llena de información, y sirvió de preparación para lo que será la Tercera Reunión Ministerial de Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, eLAC 2010, que se realizará en nuestro país del 21 al 23 de noviembre del presente año.
Esperaremos las novedades del evento.
José Antonio Trujillo, CIO Perú