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Reportajes y análisis

Una controvertida ley

[21/06/2011] El 8 de febrero ingresó al Congreso de la República un proyecto de ley que se llama Ley de Impulso a la Formalización en el Rubro de Ensamblaje de Computadoras y a la Reducción de la Brecha Digital en el Perú. El documento había sido presentado por el grupo parlamentario nacionalista -específicamente por la congresista Marisol Espinoza-, y en él se buscaba exonerar del pago del IGV a una serie de componentes necesarios para el ensamblaje de las computadoras con el fin de promover la reducción de la brecha digital e impulsar el desarrollo de la industria de ensamblaje de computadoras.

Obviamente la lógica es sencilla: si no hay IGV en sus componentes, las PC ensambladas se reducirían en precio, beneficiando a los consumidores y a la industria de ensamblaje de PC. Sin embargo, éstos no son los únicos actores en este contexto ni los beneficios citados son los únicos resultados que generaría esta ley. Hay otros puntos a considerar y éstos son los de aquellos que no se encuentran contemplados dentro de esta ley: los importadores de máquinas ensambladas.
Conversamos con los representantes de tres de las marcas más conocidas del país (HP, Dell y Lenovo) y obtuvimos su parecer con respecto a este proyecto legislativo.
La otra parte
Es obvio que hay una parte que se ve afectada en esta ley: la de las empresas que no se encuentran dentro del ámbito de los beneficiados; vale decir, las empresas que importan directamente las máquinas ya ensambladas. Y dentro de este grupo podemos encontrar marcas de renombre como HP, Dell o Lenovo que, de aprobarse la ley, tendrían que hacer frente a una competencia que ve reducir sus costos en un 18% por obra de la ley.
Pero vayamos por partes. Esta iniciativa tiene su historia.
Los que puedan recordar la historia de una legislación así, podrán hacer memoria y volver a los tiempos del gobierno de Alejandro Toledo en el que una iniciativa similar se puso en práctica. En ese entonces, la ley -a decir de los ejecutivos de las compañías señaladas- no fue adecuadamente bien concebida, y algo similar se puede detectar en la actualidad.
De hecho, para este grupo no solo no se encuentra bien concebido el proyecto de ley, sino que tuvo un trámite muy rápido. El proyecto de ley se presentó en febrero, las compañías tuvieron conocimiento de él en abril -aunque no es que se les haya consultado-, y en mayo se aprobó en una sola sesión del Congreso. Actualmente se encuentra en el ejecutivo.
Normalmente, las leyes pasan por cinco etapas. Primero se presenta la iniciativa, luego pasa a comisiones donde se estudia a profundidad, posteriormente es enviada a una primera votación, luego a una segunda votación y finalmente a su aprobación, señaló Juan del Casto, country manager de Personal Systems Group de HP Perú.
El ejecutivo agregó que en el caso de la ley en cuestión no se pasó por estos cinco pasos. No pasó, por ejemplo, por comisiones donde los representantes de las instituciones afectadas por una medida de carácter tributario  y comercial -el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo- hubieran podido estudiarla, indicó.
El proceso fue muy rápido. Y tiene bastantes aristas, agregó, comentando que el proyecto de ley pasó rápidamente por el Congreso sin necesidad de una segunda votación y a una velocidad que quizás no ha permitido que todos los actores involucrados analizaran las implicancias de este proyecto legislativo.
Las implicancias
Los representantes de las empresas con los que conversamos tienen una lectura particular de las posibles consecuencias de la aprobación de esta ley.
Como se puede leer en el proyecto, la ley exonera del pago del IGV a un grupo de partes y piezas (procesador, disco duro, lector y grabador óptico de CD y DVD, lectora de tarjeta, disquetera, memoria, tarjeta madre, case y tarjeta de video) y exonera también el ensamblaje de computadoras, por cinco años.
Sin embargo, de acuerdo a los ejecutivos entrevistados, no queda claro si es que un ensamblador –pequeño- que compra las piezas a un importador –grande- puede acogerse a este beneficio. De no poder hacerlo, no podría ensamblar su computadora a un precio menor a como normalmente lo viene haciendo. Algo que era precisamente el problema técnico que tenía la ley anterior durante el gobierno del presidente Toledo.
Lo que se ha hecho [para subsanar esto] es añadir a la ley que las PC y notebooks ensambladas en el Perú también se exoneran del IGV, sostuvo Gaspar Fernández-Concha, gerente general de Lenovo del Perú.
Además, los ejecutivos también señalaron que no existe un mecanismo que asegure que estas exoneraciones de 18% pasarían íntegramente a las computadoras ensambladas. Es la competencia, en iguales condiciones, la que rebaja los precios, sostuvieron.
Si quieres favorecer a los ensambladores nacionales, cabe decir que no tenemos una industria muy grande de ensambladores nacionales. Son poco, contados con los dedos, sostuvo Alex Sablich, country manager de Dell en Perú.
¿Se beneficiarían mercados como los de la Av. Wilson?, les preguntamos. No, porque ellos no importan partes, respondieron.
Además, es necesario señalar que la ley se refiere como beneficiarias a las personas jurídicas, y en muchos casos Wilson tiene pequeñas empresas unipersonales que no caerían dentro de este ámbito.
Se ha dicho que con la ley se podría destruir el contrabando de las piezas que conforman la computadora -ya que no sería negocio para los contrabandistas si el margen de ganancia es demasiado pequeño-, pero ello implicaría que la lógica -de acuerdo a otros analistas que han visto el caso, como el Instituto Peruano de Economía- para destruir el contrabando se basaría en una reducción de impuestos sobre todos los productos sobre los que sufre contrabando.
¿Qué diría el MEF al respecto de esta lógica?
Y aquí es donde se ingresa a otro de los frentes que ha abierto el proyecto de ley.
Al no pasar por comisiones, los representantes –coordinadores- que tiene el MEF en las comisiones del Congreso no se enteraron del proyecto de ley; tampoco lo hicieron los coordinadores del Mincetur, y esto es importante porque, como señalan los entrevistados -representantes de empresas de países con los que el Perú tiene suscritos TLCs-, esta ley implica la discriminación de las empresas extranjeras a favor de las locales.
Cuando los representantes de las cámaras de comercio de estos países se enteraron del proyecto de ley, enviaron cartas en las que señalaban los efectos que ella podía tener sobre los Tratados de Libre Comercio. La ley entonces abriría nuevos frentes de discusión en el campo del comercio exterior.
Otro punto de vista
Para complementar la visión que teníamos de la ley acudimos a un analista de la industria que nos pudiera ofrecer una opinión distinta a la de los tres ejecutivos con los que conversamos.
Fernando Grados, director de Dominio Consultores, nos ofreció su perspectiva. Para comenzar, en líneas generales la ley tiene un espíritu correcto. Sin embargo, la forma en que está definida tiene algunas observaciones que deberían mejorarse, sostuvo Grados.
El analista señaló que se encuentra de acuerdo en que se exonere del IGV a las partes y piezas, y también a la computadora ensamblada. Sin embargo, debería estar limitado -como sucede en Colombia- a un precio determinado en alrededor de 600 dólares o menos.
Por otro lado, el analista sostuvo que considera que es muy peligroso que solo se tome en cuenta a los equipos ensamblados localmente, y no se incluya a las máquinas importadas. Esto beneficiaría a la industria de ensamblaje local en desmedro de la competitividad de las marcas que provienen del extranjero.
Además, estoy seguro que esto debe estar impactando directamente a los TLC y probablemente a acuerdos de la OMC, agregó.
Grados también sostuvo que los ensambladores pequeños, que en un primer instante podrían verse beneficiados, terminen siendo absorbidos por los ensambladores más grandes que tienen más espaldas financieras con lo cual éstos últimos lograrían la hegemonía del mercado.
Lo recomendable, dijo, para que la ley sea mejorada es que se incorpore a las máquinas importadas de marca, y que se regule un precio máximo de unos 600 dólares.
Lo que desean los afectados
¿Qué piden los ejecutivos de las empresas afectadas? Igualdad de condiciones, dijeron. Esta igualdad de condiciones se traduciría en dos posibles escenarios: que la ley no se apruebe o que ellos se encuentren dentro de los alcances de las exoneraciones, como señaló Grados.
En el segundo caso, esto implicaría que las PC que se importan ya ensambladas también sean beneficiarias de la exoneración del impuesto.
Por su puesto, hay también alternativas dentro de estas opciones. Para aquellos que consideran que no se debe exonerar de impuestos a un bien como una computadora, existe la opción de proponer que solo se exoneren a las computadoras que se encuentren debajo de cierto precio.
Como sostuvo Grados, la experiencia internacional muestra que esto se puede hacer, por ejemplo, con máquinas por debajo de los 600 dólares, y así la ley sería coherente con la necesidad de reducir la brecha digital -aunque, por su puesto, reducir el precio de las máquinas no basta para reducir la brecha.
Si éste es el objetivo de la ley, es necesario que se llegue a las personas que no tienen el dinero suficiente para comprar una maquina sofisticada sino más bien una de entrada. Y por ello podría ser necesario poner el límite recomendado por Grados.
En todo caso, la ley se encuentra ya en el Poder Ejecutivo y queda en él realizar las observaciones o rechazarla.
CIO, Perú

COMENTARIOS
gfiguero   mié, 22-jun-11

Es verdaderamente lamentable que estemos nuevamente ante iniciativas como esta. La brecha digital y la formalización, aquí y en cualquier parte del mundo, no se resuelven con leyes. Lo único que se consigue con este tipo de medidas es proteger la mediocridad y ahuyentar la inversión. Ya me imagino la lista de otras "industrias" que van a hacer cola por su ley. Acaso ¿no recuerdan lo que pagó el Perú por la "Revolución Peruana" y su proteccionismo? Gerardo Figueroa G


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